En el año 2005, el gobierno de Álvaro Uribe, con empresarios y en complicidad con un gran sector del Congreso de Colombia -muchos de ellos comprometidos con el paramilitarismo- atentaron, entre otros, contra los derechos de los trabajadores, expidiendo el Acto Legislativo número 001 de 2005, que modificó el Art 48 de la CP, prohibiendo constitucionalmente a partir de su vigencia el derecho fundamental a la contratación colectiva en materia pensional, beneficiando así los intereses de empresarios y del gran capital.
