El Gobierno Revolucionario de la República de Cuba denuncia la escalada de presiones y acciones del Gobierno de los Estados Unidos para preparar una aventura militar disfrazada de “intervención humanitaria” en la República Bolivariana de Venezuela y llama a la comunidad internacional a movilizarse para impedir que se consume.
Entre el 6 y el 10 de febrero de 2019, se han realizado vuelos de aviones de transporte militar hacia el Aeropuerto Rafael Miranda de Puerto Rico, la Base Aérea de San Isidro, en República Dominicana y hacia otras islas del Caribe estratégicamente ubicadas.
Medios políticos y de prensa, incluso norteamericanos, han revelado que John Bolton, Mauricio Claver-Carone, Marco Rubio, diseñaron, gestionaron el financiamiento y organizaron directa y detalladamente, desde Washington, el intento de golpe de estado en Venezuela mediante la ilegal autoproclamación de un presidente.
Estados Unidos ha intensificado su campaña política y mediática internacional y recrudece las medidas económicas coercitivas unilaterales contra Venezuela, entre las que puede citarse el bloqueo en bancos de terceros países de miles de millones de dólares pertenecientes a Venezuela y el robo de los ingresos de las ventas de petróleo de esa hermana nación, lo que está provocando graves daños humanitarios y duras privaciones a su pueblo.
El gobierno estadounidense intenta eliminar el obstáculo mayor que representa la Revolución Bolivariana y Chavista al ejercicio de la dominación imperialista sobre “Nuestra América” y al despojo al pueblo de Venezuela de la primera reserva certificada de petróleo del planeta y de otros cuantiosos y estratégicos recursos naturales.
El Gobierno Revolucionario llama a la movilización internacional en defensa de la paz en Venezuela. Expresa su bienvenida y apoyo al Mecanismo de Montevideo, iniciativa de México, Uruguay, la Mancomunidad del Caribe (CARICOM) y Bolivia,que busca preservar la paz en Venezuela basado, como dice su reciente Declaración, en los principios de no intervención en los asuntos internos, la igualdad jurídica de los Estados y la solución pacífica de controversias.
